HISTORIA
DE LUCHA Y RESISTENCIA
VISIÓN
DE CÉSAR HINCAPIÉ SILVA, DE LA CONCESIÓN DE BURILA.
La
Lucha por la Tierra con Burila: Una Crónica de Papeles Viejos y Voluntades
Férreas.
En los
anales de la colonización del Quindío, la "Empresa Burila" emerge no
solo como un latifundio gigantesco, sino como un símbolo de la contienda eterna
entre el papel y la labor, entre la herencia colonial y la voluntad indómita de
los colonos. Para un jurista con la agudeza de César Hincapié Silva, esta
historia no es solo un relato de tierras, sino un complejo entramado de
derechos, despojos y la tenacidad de aquellos que labraron su propio destino.
EL
ORIGEN DE UN GIGANTE DE PAPEL.
El
inicio de esta saga se remonta a la Colonia, a cédulas reales de 1641 y a la
acumulación de bienes de mayorazgos que, por capricho del tiempo y la desidia
de sus dueños, pasaron de mano, en mano.
El
Capitán Juan Jacinto Palomino y su hermano se hicieron a predios privilegiados
que se extendían desde Bugalagrande en el Valle hasta la cordillera Central,
cubriendo la mitad meridional del Quindío. Una franja inmensa, estimada en más
de 130 mil hectáreas, que con el tiempo caería en manos de la influyente
familia Caicedo de Cali, y posteriormente, sería controlada por la sociedad
Burila, conformada por familias del Valle y Manizales.
Este
vasto dominio, sin embargo, era más una posesión de pergaminos que de presencia
real. El abandono de estas tierras abrió la puerta a un fenómeno imparable: las
colonizaciones en la “Hoya del Qundío”.
EL
TRABAJO, DUEÑO DE LA TIERRA: MÁS ALLÁ DEL PAPEL.
Los
colonos, movidos por el espíritu de aventura y la necesidad, se asentaron en
estas tierras. Establecieron, fondas poblados, y aldeas, sembraron y
transformaron el paisaje. Su credo era simple y poderoso: la posesión se gana
con el trabajo tenaz, demostrable en frutos y sudor, no en los "simples
papeles amarillos, archivados en Notarías y Juzgados de Cartago". Esta
frase, que resuena con la voz del pueblo, encapsula el conflicto central: la
concepción de la tierra como propiedad legal vs. la tierra como fruto del
esfuerzo.
Mientras
tanto, los intentos de inmigrantes extranjeros por acceder a estas tierras para
cultivos fueron mayormente ignorados por los "empresarios" de Burila,
quienes veían en la colonización una fuerza peligrosa y rebelde, renuente a
someterse a sus caprichos. Querían a los colonos en tierras áridas y malsanas,
no en las fértiles de la concesión Burila.
LA
BATALLA EL LEGADO DE LOS HÉROES ANÓNIMOS.
La
confrontación era inevitable. Desde 1890 y por varias décadas del siglo XX,
socios de Burila se enzarzaron en discusiones judiciales con los colonos. Para
comprender la magnitud de esta lucha, un abogado como Hincapié Silva nos
recordaría el marco legal de la época: las Leyes de Indias, la Cédula Real de
1589, las leyes colombianas como la Ley 57 de 1887 (Código Civil), la Ley 200
de 1936, las normas de la Reforma Agraria de 1961 y el Acuerdo de Chicoral. Un
laberinto jurídico que, a menudo, favorecía a los poseedores de títulos sobre
los labradores.
En
medio de esta pugna, surgieron figuras ejemplares. El reverendo Padre Ismael
Valencia Marín, desde el púlpito de Calarcá en 1908, intercedió ante el
gobernador de Caldas, don Alejandro Gutiérrez (también socio de Burila), para
que los colonos fueran declarados propietarios. Su voz, descrita por Alfonso
Valencia Zapata y Marco Palacios, fue un grito por la justicia.
Pero,
sin duda, la figura más destacada es la del abogado Cantarino Cardona. Este
"locuaz jurisperito", como se le describe, dio una batalla heroica a
principios del siglo XX. Enfrentó los intereses monopolistas de la Sociedad
Burila, logrando títulos de propiedad para sus modestos clientes, quienes a
duras penas podían pagarle. Su destino, marcado por la persecución y un final
en el leprocomio de San Juan de Dios (aunque algunos cronistas sugieren un
regreso triunfal al Quindío), subraya el riesgo y el sacrificio de aquellos que
se atrevían a desafiar al poder. Su memoria, tristemente, no fue reconocida por
las municipalidades que hoy prosperan en esas mismas tierras.
LA
RESOLUCIÓN DE UN CONFLICTO CENTENARIO.
El ministro
de Obras Públicas, Simón Araujo, en 1912, declaró las tierras de Burila como
propiedad privada, protegiendo a la sociedad. Sin embargo, la presión de los
"invasores" y la ineficacia de las autoridades para desalojarlos,
obligaron a la Empresa Burila a una venta directa de sus reservas.
El
punto de inflexión llegó con la Resolución No. 5 del 25 de febrero de 1930, del
Ministerio de Industrias. Esta decisión, tomada durante el gobierno de Miguel
Abadía Méndez, revocó la resolución anterior y abrió la puerta para que los
agricultores solicitaran la adjudicación de baldíos. Fue un reconocimiento
tácito a la labor de los colonos y un golpe al monopolio de Burila.
A
partir de 1930, aunque Burila ya había estado cediendo y vendiendo tierras, el
proceso de titulación se aceleró y su "importancia feudal" disminuyó.
Los accionistas, hacendados del Valle y Caldas, vieron reducir su interés
económico, prefiriendo convertirse en simples propietarios de grandes
haciendas. Con el auge de la caña y el café, la sociedad se fraccionó y la
estructura monopolística de otras épocas se desvaneció. El "mito de
Burila" se eclipsaba.
La
historia de Burila es, en una crónica de la resistencia humana frente a la
desigualdad, un testimonio de cómo la voluntad de trabajar la tierra puede, a
la larga, prevalecer sobre el poder del latifundio. Para un abogado con la
perspectiva de César Hincapié Silva, esta epopeya no es solo un hecho
histórico, sino una lección permanente sobre la importancia de la justicia
agraria, la defensa de los desposeídos y la eterna búsqueda de un equilibrio
entre la ley y el derecho natural de quienes construyen el progreso con sus
propias manos.
Fuentes:
Cesar
Himcapie Silva. Inmigrantes Extranjeros en el desarrollo del Quindío. Armenia 1995.
Alvaro
Restrepo Eusse. Historia de Antioquía. Medellin. Imprenta oficial. 1903. Pág.
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